04/05/2015
La mancomunidad de San Markos recurrirá en la vía administrativa la renuncia de GHK a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y a la Licencia de Actividad (LA), otorgadas para la puesta en marcha del centro de tratamiento de residuos de Zubieta. El objetivo es mantener las licencias obtenidas para el desarrollo de esta infraestructura, que incluye la planta incineradora y una planta de biosecado, evitando que la pérdida de las mismas obligue a reiniciar toda la tramitación. El presidente de la mancomunidad, Denis Itxaso, ha fundamentado esta decisión en la defensa del interés general: “Esta renuncia de última hora pretende paralizar y encarecer el proyecto aprobado por la mayoría de los guipuzcoanos y es, desde todos los puntos de vista, un fraude al interés general”. En opinión de Itxaso, “No se entiende que GHK renuncie a unas licencias que forman parte de su patrimonio y le ha costado tiempo y dinero conseguir. No se obtiene ningún beneficio público y el perjuicio para Gipuzkoa puede ser de varios millones de euros”.
La mancomunidad ha puesto el tema en manos de sus servicios jurídicos, que están analizando las vías más efectivas para dejar sin efecto la renuncia a las licencias solicitada por GHK. El primer paso será personarse y recurrir en vía administrativa la suspensión de la Autorización Ambiental Integrada y de la Licencia de Actividad, ante la viceconsejería de medio ambiente del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donostia, respectivamente. La Ley contempla que la defensa del interés general puede limitar los efectos de la renuncia y la mancomunidad aprecia que la solicitud de GHK incurre de lleno en este supuesto.
La Mancomunidad de San Marcos, como entidad consorciada de GHK, solicitarála intervención en el procedimiento administrativo que se ha incoado como consecuencia de la solicitud de renuncia ante el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Donosti, entendiendo que es interesada en la medida en que la renuncia a ambas autorizaciones
Denis Itxaso considera que el carácter contrario al interés general es claro: “Mantener las licencias no implica ningún coste mientras que la renuncia paraliza un proyecto necesario para Gipuzkoa y pretende secuestrar la voluntad de los guipuzcoanos condicionando la gestión de la próxima legislatura”. Además, la mancomunidad entiende que está legitimada para intervenir, por tratarse de una cuestión que afecta a la gestión que tiene encomendada y por vulnerar la normativa de residuos vigente (Norma Foral 7/2008, PIGRUG).
Si la vía administrativa no fuera suficiente para proteger las licencias del centro de tratamiento de residuos de Zubieta, la mancomunidad contempla llevar su defensa a los tribunales y solicitar en un procedimiento contencioso administrativo la suspensión de la renuncia.
