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icono calendario28/01/2014

San Markos y Debabarrena recurren la rescisión de los contratos de Zubieta

La impugnación por la vía contencioso-administrativa persigue la recuperación de los 13 millones que se entregaron a las empresas.

La reciente sentencia del TSJPV avalando las autorizaciones del CGRG han supuesto un acicate para la presentación de los recursos.

Auzitara jotzeko arrazoiak prentsaurrekoan azaltzenLas mancomunidades de residuos de San Markos y Debabarrena interpondrán un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo alcanzado entre GHK y las empresas adjudicatarias de la construcción de la incineradora, para rescindir este contrato a cambio del pago de una indemnización de 13 millones de euros. Los presidentes de San Markos y Debabarrena, Denis Itxaso y Arcadio Benítez, acompañados por sus vicepresidentes, Mikel Pagola y Ricardo Garate, han señalado que las mancomunidades no pueden permanecer impasibles cuando el dinero que los ciudadanos abonan para la construcción de las infraestructuras previstas por el PIGRUG “se derrocha pagando indemnizaciones, sin que se haya puesto en marcha ni una sola infraestructura alternativa y con el problema de las basuras a punto de colapsar Gipuzkoa”. En este sentido, han señalado que desde hace dos años se abona a GHK una tarifa de 145 € por tonelada de residuos, parte de la cual está destinada a sufragar unas inversiones que no se están realizando, sin que el Consorcio de Residuos modifique esta cantidad ni ofrezca un desglose de la misma. Itxaso ha insistido en que “No es de recibo que mancomunidades y ciudadanos paguen religiosamente y que GHK no cumpla con su parte, deje a Gipuzkoa sin infraestructuras y malgaste el dinero en indemnizaciones concedidas de espaldas a los ciudadanos”.

La situación descrita reviste mayor gravedad, si cabe, cuando la decisión del pago de los 13 millones de euros a las adjudicatarias de las infraestructuras de Zubieta se ha realizado contra el criterio de los informes técnicos, económicos y jurídicos de los propios técnicos de GHK y retirando la demanda de nulidad de los contratos presentada ante la COJUA (Comisión Jurídica Asesora del País Vasco), al ser conscientes de que su resultado no iba a ser favorable para sus intereses. De esta manera, el Consorcio de Residuos aprobó el acuerdo indemnizatorio a finales de noviembre y escasas semanas después, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en su sentencia 698/2013 de 17 de diciembre, echa por tierra los argumentos de GHK confirmando la validez del procedimiento seguido y de la Autorización Ambiental Integrada otorgada por el Gobierno Vasco.

Esta secuencia de hechos pone de manifiesto que ha existido un criterio político que ha querido pasar por encima de informes técnicos, resoluciones judiciales e, incluso, de los propios estatutos del Consorcio, que señalan que su objeto social es el desarrollo de las infraestructuras ahora paralizadas.  Todo ello, con el agravante de ignorar la voluntad de los ciudadanos de Gipuzkoa expresada en las Juntas Generales a través de la norma foral que desarrolla el PIGRUG así como su Documento de Progreso.


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